La movilización del conocimiento en las políticas científicas en México

Ricardo Pérez Mora. r_pm2001@yahoo.com
Universidad de Guadalajara. México

Blanca Lizbeth Inguanzo Arias. blank_lizu89@hotmail.com Universidad de Guadalajara. México

Recibido 19-01-2018
Aceptado 26-01-2018

Resumen
Este artículo tiene por objetivo discutir algunos elementos de los programas y políticas públicas relacionadas con la ciencia y profesionalización de los investigadores en México que nos permitan hacer evidente su modelo subyacente de movilización del conocimiento, el rol que tienen sus principales actores y el rol que tiene el conocimiento en la reproducción o transformación social. A través de una revisión teórica, se presentan algunas concepciones y perspectivas del término, se describe, como caso de referencia, la política pública de Canadá, posteriormente el caso de México y finalmente se presentan algunas reflexiones en torno al impacto de dichas políticas en la movilización del conocimiento, en las universidades y en los investigadores mexicanos.
Palabras clave: Políticas públicas, movilización del conocimiento, investigadores

Abstract
This article aims to discuss some elements of public policies and programs related to science and professionalization of researchers in Mexico that allow us to make evident its underlying model of knowledge mobilization, the role of its main actors and the role that has the knowledge on social reproduction or social transformation. Through a theoretical review, some conceptions and perspectives of the term are presented, the public policy of Canada is described as a reference case, then the case of Mexico and finally some reflections about the impact of these policies in knowledge mobilization, in universities and in Mexican researchers.
Key words: Public policies, knowledge mobilization, researchers

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Introducción
El conocimiento tiene en nuestras sociedades un rol cada vez más importante. Los modelos de desarrollo económico, organizacional e incluso individual, reconocen el papel del conocimiento como un elemento central. Esta importancia creciente del conocimiento implica también una importancia creciente de los actores e instituciones responsables de su generación, su difusión, y su uso, y sobre todo del rol que estos actores, como el estado, las empresas, las universidades y los científicos, asumen frente a él. Es importante discutir y analizar el rol que se le otorga al conocimiento, ya que puede convertirse en un bien de mercado o en un elemento democratizador y de inclusión social. Los actores que intervienen, la forma en que lo hacen y el rol que se le otorga al conocimiento, serán determinantes de los resultados que se obtengan, resultados que pueden ir orientados a la reproducción de las inequidades que históricamente se han hecho manifiestas en el orden social o a su transformación.
Entre los actores que intervienen queremos destacar el rol de la universidad, - en la que el rol de sus académicos es vital- y del estado como entes responsables de generar estrategias para mitigar el peso del mercado y garantizar que los intereses particulares no se sobrepongan al interés colectivo, es decir promover y de ser posible garantizar los impactos del conocimiento en el desarrollo social. El Estado tiene la facultad y la responsabilidad de impulsar y diseñar políticas públicas que garanticen el interés público. Las universidades, por su parte, son espacios privilegiados para impulsar acciones de transformación social basadas en el conocimiento, ya que la materia prima alrededor de la cual se organiza la actividad de las universidades y demás instituciones de educación superior (IES) es el conocimiento (Clark, 1983). Un actor central de las universidades, históricamente responsable de la producción del conocimiento, es el académico. Las políticas públicas en torno a la ciencia, la innovación, la educación superior y de profesionalización de los académicos, han transitado por reformas significativas que afectan los modos y resultados de su trabajo intelectual (Naidorf y Pérez Mora, 2012). La manera en que se regula su actividad, los incentivos que se le otorgan y los parámetros e indicadores de los programas dirigidos a su profesionalización, marcan en gran medida sus posibilidades de convertirse en un actor estratégico para la articulación del conocimiento con los actores sociales, gubernamentales y privados.
Tanto gobiernos, como universidades, y académicos, han buscado y generado nuevas formas de producir, compartir y lograr un impacto útil de los conocimientos. Se han generado diversos modelos en los cuales el conocimiento toma diversas formas, diferentes funciones y se mueve entre los actores en direcciones distintas. En el umbral del centenario de la reforma de Córdoba cabe preguntarse si los modelos de universidad y de producción y uso social del conocimiento, que impulsan las políticas públicas, son los adecuados para enfrentar estos retos y resolver las necesidades que presenta nuestra sociedad cambiante y compleja. Es pertinente analizar los modelos actuales y valorar sus alcances, incluso pensar en la posibilidad de modelos diferentes que impulsen una política pública que contribuya eficientemente para que las universidades públicas –en las que el rol del académico es central- replanteen y rearticulen sus elementos internos de organización, gestión y gobierno para vincularse en nuevos términos con su entorno (Brunner, 2014) y logren mejores resultados de desarrollo social.

Un argumento importante del presente escrito es que si entendemos la manera en que el conocimiento se moviliza podremos en gran medida comprender el rol que asumen los diversos actores, y por tanto, el rol del conocimiento en la transformación o reproducción social. El concepto de movilización del conocimiento surge a comienzos del presente siglo para la discusión de las políticas de investigación en ciencias sociales y humanas, y es el “Social Sciences and Humanities Research Council” SSHRC (Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá) uno de los principales impulsores de este concepto como política pública. EL SSHRC define la movilización del conocimiento como un conjunto de estrategias que se proponen vincular más estrechamente la investigación y producción científica con la toma de decisiones en materia de política pública (SSHRC – CRSH, 2016).
El objetivo de este artículo es discutir algunos elementos de los programas y políticas públicas en México que nos permitan hacer evidente el modelo subyacente de movilización del conocimiento, el rol que tienen sus principales actores y el rol que tiene el conocimiento en la reproducción o transformación social. Se toman como referentes algunas aportaciones teóricas, en conjunto con experiencias de puesta en práctica de un modelo de movilización del conocimiento, particularmente, las iniciativas de las políticas públicas de Canadá como precursor de programas que fomentan la movilización del conocimiento. Si bien las políticas de movilización del conocimiento en Canadá se centran en particular en las Ciencias Sociales y Humanidades, su análisis aporta al enriqeucimiento de la movilización del conocimiento como categoría. Se busca además mostrar el potencial de la categoría de, más allá de su riqueza teórico-práctica, como categoría analítica, es decir como
categoría heurística en el plano metodológico.

La movilización del conocimiento como categoría analítica.
Cada día crece más el interés - al menos en el discurso - por hacer mejor uso del conocimiento que se produce en nuestras instituciones de educación superior y por hacer evidentes sus impactos en los sectores productivos, públicos y sociales. Implícita o explícitamente en los diversos modelos se reconoce la necesidad de que el conocimiento se mueva, ya sea de su espacio de producción al espacio de utilización o viceversa, así como entre los diversos actores que intervienen.
La movilización del conocimiento se da no solamente para procurar su uso, sino también en el proceso mismo de su producción. El conocimiento se construye socialmente, por lo que es importante analizar los actores y las dinámicas que intervienen en el proceso de su producción, en el cual se puede mover en direcciones diferentes dependiendo de los intereses económicos, políticos o sociales que atienda (Pérez Mora, García Ponce de León, & Ortíz Lefort, 2016). Su uso puede reflejarse de múltiples formas, en las que las relaciones entre productores y usuarios pueden ser más o menos directas y sus impactos pueden ser muy diversos, además, el conocimiento cambia y se transforma con velocidad inusitada, por lo que la tarea de manejarlo es sin duda cada vez más compleja (Clark, 1983; Scott, 1999). La movilización del conocimiento abarca una amplia gama de actividades relacionadas con la producción y utilización de resultados de investigación, incluyendo la síntesis de conocimiento, difusión, transferencia, intercambio y co-creación o coproducción
por investigadores y usuarios de conocimiento (SSHRC – CRSH, 2016).

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El conocimiento se convierte en un elemento sustancial para diversos actores, no solamente son la universidad o las comunidades científicas las únicas interesadas en la producción, divulgación y uso de los conocimientos. Cada vez se le otorga mayor importancia tanto en las empresas, como en el sector gubernamental y social. En este sentido el conocimiento es un elemento que se mueve, o debe moverse entre múltiples instituciones y actores.
El concepto de movilización del conocimiento es una categoría que tiene una gran riqueza heurística ya que nos permite identificar en primera instancia a los actores protagonistas de la movilización, nos permite además analizar los procesos, los flujos del conocimiento y con ello analizar el rol que asumen los diversos actores, así como el rol del conocimiento como elemento de transformación o reproducción social. Es así que esta categoría teórica se torna útil también en el terreno metodológico para analizar las dinámicas del conocimiento desde diversas perspectivas entre las que se encuentra el análisis de las políticas públicas que lo promueven, sus impactos y los intereses a los cuales responde. De ahí que ha sido utilizada en este texto como herramienta analítica que nos permita un análisis de las políticas públicas en México para hacer evidentes las lógicas subyacentes de
movilización del conocimiento que estas políticas impulsan.

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Modelo lineal de producción de conocimiento, mercado y privatización Los modelos predominantes de desarrollo otorgan al conocimiento un rol como un bien de mercado (Naidorf, 2005; Pérez Mora & Pérez Mora, 2009; Slaughter & Leslie,
1997). Bajo esta perspectiva, la dinámica de producción y uso del conocimiento, como toda acción humana, se puede interpretar como una actividad económica (Vilaseca, Torrent & Lladós2001; Brinkley, 2006). Una economía basada en el conocimiento es aquella directamente basada en la producción, distribución y uso de conocimiento e información mediante el uso de las tecnologías de la comunicación e información. (OCDE, 2003; Brinkley, 2006). En este sentido, se subrayan dos elementos claves: “el conocimiento será económicamente relevante siempre y cuando se manifieste en la actividad económica” y “la actividad económica siempre ha incorporado el conocimiento como recurso” (Vilaseca et al., 2001, p.55).
Es decir, la economía del conocimiento es una tendencia, donde las relaciones se conciben en términos de compra y venta. Aronowitz (1997) advierte que en la economía del conocimiento la principal tarea de la Universidad es convertirse en una factoría de conocimientos y su cultura científica debe ser dirigida hacia los medios y fines del crecimiento económico y de la política pública, es decir, lo que produce la universidad es para la venta. La tendencia es que los espacios académicos estén permeados por los valores del mercado.
Este modelo se asume como el mayor propulsor de crecimiento, riqueza y empleo de la actividad económica actual, sin embargo, supone una movilización lineal del conocimiento en la que la universidad tiene un rol marginal. La universidad se sitúa al inicio de una cadena productiva, a quien le compete generar conocimientos en calidad de insumos, un bien de mercado que tiene un determinado valor y que se transfiere -se mueve- a los usuarios del mismo. Existe una separación entre la etapa de producción y la etapa de utilización. El rol de la universidad en la economía del conocimiento se sitúa en el nivel de construcción de los “medios”, -la producción de conocimiento-, y “los “fines” los determina principalmente el Estado, el cual otorga -en este modelo- gran importancia a las fuerzas del mercado. Es así que son los usuarios,

principalmente el sector privado, los que toman decisiones sobre su aplicación, sus productos, su naturaleza y los beneficiarios de los mismos. La universidad se convierte en una institución que provee conocimiento a otros sectores ejecutores de acciones concretas para su utilización. Es decir, el modelo subordina la labor de la universidad, y en general del conocimiento, a las lógicas del mercado. Al asumir las lógicas de mercado reproduce las inequidades de la estructura social en cuanto a que solamente tendrán oportunidades de acceso al conocimiento aquellos que estén en posibilidades de pagar su precio. Una lógica de mercado y privatización que se da en todos los niveles, tanto al interior como al exterior de las comunidades académicas. Al interior de la academia encontramos que las dinámicas de competencia entre los investigadores fortalecen los mecanismos de privatización del conocimiento, dinámicas ya de por sí fuertemente institucionalizadas con mecanismos como son las patentes y los derechos de autor. Estas dinámicas se reproducen al exterior de la academia, donde solamente tienen acceso a los beneficios que puede aportar el conocimiento quienes cuentan con los capitales para adquirirlo y comprar los derechos sobre él.

La movilización del conocimiento como estrategia de democratización y transformación social
El término “Movilización” enfatiza el aspecto multidimensional e interactivo del proceso de producción y uso del conocimiento, en contraste con las concepciones que lo entienden como etapa de un proceso lineal y unívoco desde la producción hacia luego su posterior utilización (Sá et al, 2010; citado en Naidorf y Perrota, 2015). Autores como Cooper, Levin y Campbell (2009) argumentan que la movilización del conocimiento incluye los esfuerzos intencionales para incrementar el uso de evidencias que estén basadas en datos recogidos a través de procesos empíricos. En esta lógica se han desarrollado corrientes que describen diversas relaciones entre la toma de decisiones, el desarrollo social y el conocimiento. Como ejemplo tenemos a diversos autores que promueven el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia, es decir, el uso de los resultados de las investigaciones como sustento para la toma de decisiones en políticas públicas (Green, 2008; Levin, 2008; Nutley et. al, 2007; PEW-McArthur, 2014). Otras perspectivas resaltan el uso social del conocimiento para el empoderamiento de los más vulnerables, como un elemento para la transformación o innovación social (Pérez Mora et al., 2016; Perines, 2017); encontramos también a quienes la entienden como un método o herramienta que facilita la traslación de resultados de la investigación a la acción (Bennet et. al,
2007); también se le define en términos de los esfuerzos por compartir resultados de investigación con posibles usuarios (Levín, B., 2011; citado en Mendizábal, Monfredini y Naidorf, 2016); y, finalmente, como las acciones que permiten dejar el conocimiento listo para la acción y su intervención mediante interlocutores (Levesque, 2009; citado en Mendizábal, Monfredini y Naidorf, 2016).
La movilización del conocimiento se constituye como una estrategia de transformación social desde el momento en que involucra a la sociedad no solamente como actor pasivo y receptivo de las acciones de aplicación del conocimiento, sino que la considera un actor principal desde el momento mismo de su producción. El conocimiento, como construcción social (Pérez Mora et al., 2016) se configura de manera heterogénea y compleja, y su naturaleza depende del sector social, académico o público que lo produzca. Es decir, existen diferentes manifestaciones

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del mismo en razón del espacio sociohistórico en el cual se produce, no es el mismo conocimiento que se genera, por ejemplo, en ciertos sectores sociales, que el conocimiento científico generado en la academia. Por lo anterior, con el objetivo de enriquecer la construcción de conocimiento, es factible pensar en procesos complejos de co-producción y movilización del conocimiento en diversas direcciones, entre la sociedad y la academia, la academia y el gobierno, la sociedad y el gobierno, etcétera. La participación activa de los actores en su producción y uso permite una mayor apropiación del mismo y con ello contrarrestar la lógica privatizadora y elitista que se deriva de los modelos economicistas. En la medida en que el conocimiento se concibe como bien público de acceso abierto, que se mueve entre los diversos actores, se convierte en un elemento de democratización e inclusión social.
En este modelo, que privilegia la movilización del conocimiento entre los diversos actores y con una perspectiva sistémica y compleja, se transforma el papel de la universidad, de ser el primer eslabón en la cadena de movilización del conocimiento, un mero proveedor de insumos para otros sectores, a ser un actor central, que interactúa con diversos actores, en la toma de decisiones para la producción y uso
social de los conocimientos generados.

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La movilización del conocimiento como política pública. El caso de Canadá.
El concepto de movilización del conocimiento tomó particular importancia en Canadá, país que ha generado instrumentos de política pública que se reflejan en programas de investigación que impulsan la movilización del conocimiento desde el “Social Sciences and Humanities Research Council” (SSHRC) del Gobierno de Canadá. Este consejo concibe la movilización del conocimiento como una forma de permitir el flujo recíproco y complementario, así como la absorción de conocimientos entre investigadores, intermediarios de conocimiento y usuarios de conocimiento de investigación, tanto dentro como fuera de la academia, de tal manera que puede beneficiar a los usuarios y crear impactos positivos dentro de Canadá o internacionalmente y, en última instancia, tiene el potencial para mejorar el perfil, alcance e impacto de la investigación de Humanidades y Ciencias Sociales (SSHRC, 2017).
El propósito de esta política es facilitar el avance del conocimiento en las Ciencias Sociales y Humanidades. Una de sus estrategias es evitar la privatización del conocimiento tanto al interior de las comunidades académicas como en relación con el entorno. El SSHRC estipula que las iniciativas de movilización de conocimiento, que pretenden acceder al financiamiento en las ciencias sociales y humanidades, deben abordar al menos uno de los siguientes ejes, según corresponda, dependiendo del área de investigación, objetivos del proyecto, contexto y audiencia:
a) Dentro de la academia: las iniciativas como un medio de fortalecimiento de las agendas de investigación, mediante propuestas que informan, avanzan y/o mejoran teorías o métodos.
b) Más allá de la academia: deben ser iniciativas que informan a cerca de debate público (políticas y prácticas), propuestas de mejora de servicios y contribuciones a cerca de las decisiones y procesos de las personas en negocios, gobierno, medios de comunicación, comunidades profesionales y sociedad civil (SSHRC-CRCH, 2016).

En lo que respecta a la movilización del conocimiento al interior de la academia, entre otras acciones, alienta a los investigadores a compartir datos de la investigación. En la guía para una efectiva movilización del conocimiento, el SSHRC señala que, además de intercambiar datos, consolida la capacidad colectiva para los estándares académicos de apertura al proporcionar oportunidades para analizar, replicar, verificar y refinar los resultados de la investigación (SSHRC, 2016). Esas oportunidades mejoran el progreso en los campos de la investigación, evitan la duplicación de recolección primaria de datos, así como la expansión de la investigación interdisciplinaria.
De acuerdo al SSHRC, contar con una mayor disponibilidad de datos de investigación contribuirá a la mejor formación para los estudiantes de pregrado y posgrado. Otra ventaja es que, a través del análisis secundario de los datos existentes, es posible impulsar importantes economías de escala. Finalmente, los investigadores cuyo trabajo es financiado públicamente tienen una especial obligación de transparencia y rendición de cuentas. El SSHRC condiciona a los investigadores para que conserven todos los datos de investigación recogidos con el apoyo de sus fondos de financiamiento y los hagan disponibles para su uso por otros, dentro de un periodo razonable de tiempo. Este consejo considera “un plazo razonable” dentro de dos años de la terminación del proyecto de investigación en el que los datos fueron recogidos.
Por lo que respecta a los sectores no académicos, el SSHRC establece dentro de su plan estratégico al 2020 la importancia de favorecer iniciativas de colaboración de la academia con diversas organizaciones en todos los sectores y proveedores de fondos. Además, establece entre sus objetivos conectar la investigación en ciencias sociales y humanidades con los canadienses (SSHRC-CRCH, 2016). Se promueve la co-producción del conocimiento entre investigadores y usuarios del mismo (SSHRC,
2016). Para lograr involucrar a los ciudadanos es necesario que se generen nuevas metodologías, en las que sea reconocido el potencial que tienen los sectores no académicos para aportar en la construcción de nuevos conocimientos, es decir, reconocer que sus saberes pueden aportar elementos que, desde una perspectiva dialógica, enriquezcan los conocimientos científicos. Solo de esta manera se logrará que tengan una importante participación en la creación y movilización del conocimiento.
En este sentido, el caso de Canadá nos muestra una experiencia de generación de un modelo de investigación en ciencias sociales y humanidades en el que la movilización del conocimiento ocupa un lugar central, modelo que busca, en términos generales, asegurar que todos los ciudadanos se beneficien de la investigación financiada con fondos públicos (SSHRC, 2017). Entre las principales enseñanzas que nos deja la experiencia de Canadá está la manera en que impulsan una cultura que promueve la apertura y democratización del conocimiento, contrario a las tendencias hegemónicas de privatización. El foco puesto en que el conocimiento, se comparta entre investigadores, se movilice a otros sectores y organizaciones, y sobre todo que llegue a los ciudadanos, hace evidente la importancia otorgada a esta apertura y democratización.

Las políticas científicas en México.
En México, la política pública no utiliza propiamente el concepto de movilización del conocimiento, sin embargo, dada la amplitud y flexibilidad del término nos permite analizar la manera en que las políticas de investigación, de promoción de

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la ciencia y profesionalización de los investigadores de una u otra manera llevan implícitos discursos o acciones de movilización del conocimiento. Nos interesa, a partir de reconocer el modelo de producción de conocimiento y desarrollo mexicano, detectar los actores que están marcando las pautas, comprender sus roles, así como el rol que juega el conocimiento en nuestra realidad nacional.

Modelo basado en la economía del conocimiento.
Los programas y políticas que regulan la ciencia y los científicos en México siguen un modelo basado explícitamente en la economía del conocimiento. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 - 2018, en el tema de CTI, en la Meta III denominada “México con Educación de Calidad” señala el papel fundamental de la educación en el desarrollo integral de todos los mexicanos para hacer posible el tránsito hacia una sociedad que pueda basar su economía en el conocimiento y la innovación. Los objetivos rectores del Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación (PECiTI, 2014-2018) se plantean con la finalidad de guiar al país en la transición hacia esta economía basada en el conocimiento. Se atiende, en primer lugar, la necesidad de lograr una inversión nacional en Investigación y Desarrollo Experimental (IDE) que represente al menos 1% del PIB, considerada como el punto de inflexión para el desarrollo sostenible. Se plantea también la formación de capacidades nacionales, regionales y locales de capital humano e infraestructura, así como el fortalecimiento institucional del ámbito local con el propósito de conseguir desarrollo regional equilibrado.
El CONACYT, como organismo central en la articulación de la política de CTI, trabaja en cumplimiento de esta agenda. Para tal efecto, su Programa Institucional
2014 - 2018 (PI) se posiciona como la herramienta estratégica a través de la cual se trazan las líneas de acción y las estrategias para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas del PND y del PECiTI, los cuales tienen como fin último, lograr que México transite hacia la economía del conocimiento y que el desarrollo científico se constituya como pilar de desarrollo económico.
Además del CONACYT, existen otros organismos promotores de la investigación, mismos que dan continuidad a las líneas de acción del PND, tales como, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y los gobiernos estatales, que finalmente apoyan, impulsan y profesionalizan a los investigadores en México, mediante compromisos que amplían y por ende, diversifican su quehacer académico siguiendo el mismo
modelo economicista.

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Los actores protagónicos: la academia y la industria.
En el análisis de los programas y políticas de la movilización del conocimiento destaca la importancia de la academia, la industria y el gobierno como los actores principales en la política nacional. Si bien se menciona a la sociedad, la manera en que le concibe es más bien como un actor pasivo que no interviene en los procesos de movilización del conocimiento, sino que es, en el discurso un destinatario que aparentemente recibirá los beneficios del desarrollo que se genera en una lógica de economía del conocimiento.
En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 - 2018 en la Meta III. 1 señala que una de las características más notables del caso mexicano es la desvinculación entre los actores relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y las

actividades del sector empresarial. Situación que se plantea como deseable y pone como referencia la realidad que se observa en otros países de la OCDE. En esta misma dirección, el PND en su Meta III.2 enfatiza que, para hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible se requiere una sólida vinculación entre las escuelas, universidades, centros de investigación y el sector privado, incrementando la inversión pública y promoción de la inversión privada en actividades de innovación y desarrollo. Finalmente, en los objetivos rectores del PECiTI queda también explícita la necesidad de aprovechar el conocimiento creado a través de la vinculación de los actores académicos y sector productivo, lo que considera un renglón particularmente rezagado en México. La instrumentación de este Programa Especial, que corresponde al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) responde a un modelo de triple hélice, modelo que ha tenido logros importantes para el desarrollo de la industria, sin embargo, es un modelo que abona al fortalecimiento de la brecha social entre los sectores económicamente fuertes y los sectores más vulnerables de la sociedad (Llomovatte, 2006; Shinn, 2002).

El rol del conocimiento y de la universidad.
Las líneas de acción en los diversos planes y programas nacionales, como son el PND, el PECiTI y el PI de Conacyt, van encaminadas hacia la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, fomentando la capacidad de generar productos y servicios con alto valor agregado. El PND sintetiza como propósito nacional en el tema de CTI, “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible” (DOF, 2014). El anterior objetivo funge como punto de partida del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECiTI), en el que se formulan los elementos de planeación transversales para todos los sectores involucrados en la materia de CTI. De una manera implícita, pero clara, se vislumbra la concepción del conocimiento como un bien con un valor de mercado. Se vislumbra también la lógica lineal en la que se le otorga a la universidad el rol de productora de conocimiento para ser transferido a los responsables de la producción de bienes y servicios. El concepto mismo de transferencia supone una relación lineal en la que hay un productor y un destinatario. El productor “transfiere” a un tercero -el destinatario- que es quien utiliza el conocimiento. Los planes y programas de política pública están elaborados bajo el supuesto y convicción de que la inversión en CTI es una herramienta para acceder a una economía basada en el conocimiento en la que predomine un régimen económico conductor del conocimiento, como producción, distribución y uso intensivo del conocimiento y la información en la lógica de mercado.

El rol de los académicos.
Actualmente, CONACYT implementa como instrumento permanente de política de profesionalización de los académicos dedicados a la generación de conocimiento el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), convirtiéndose en un componente clave de la política de desarrollo científico. Por parte de la SEP se crea el Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP para el tipo superior, como herramienta de mejoramiento de la calidad de los académicos que considera además de las labores de generación y aplicación del conocimiento, las funciones de docencia, tutoría y gestión académica-vinculación. Ambos programas de estímulo al desempeño

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académico contemplan estrategias para fortalecer la generación y aplicación del conocimiento mediante el establecimiento de estándares de calidad e impacto de la proyección y aplicación de la producción científica en el contexto nacional e internacional. Estas políticas y organismos organizan y sistematizan desde su propia óptica la calidad de la docencia e investigación como categorías de desempeño y productividad de los académicos (Acosta, 2006; Sánchez, Llado y Guzmán, 2013), mismas que funcionan como mecanismos de control y acceso. Kent (2009) describe la eficacia política de estos programas de estímulo al desempeño docente como la muestra de la construcción de nuevas capacidades para fortalecer la influencia del Estado en las universidades. Influencia que se instrumenta a través de la estrategia de evaluación ligada a los incentivos económicos, lo que se ha convertido en una poderosa herramienta para orientar el rol que se espera de los académicos. Tanto la universidad como los académicos se encuentran en una postura vulnerable ante el poder del estado y del mercado. Las políticas científicas y los programas de profesionalización, diseñados e implementados en el marco de un modelo economicista, se convierten en un fuerte imperativo que marca en gran medida las prácticas de la academia y generan tensiones en los académicos, quienes tienen que mediar entre sus intereses de investigación y aplicación de conocimiento y los requerimientos que les marcan los programas de evaluación.

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Conclusiones.
Las políticas de educación superior, ciencia y profesionalización de los investigadores en México reflejan explícitamente un modelo basado en la economía del conocimiento. Un modelo que de manera implícita se fundamenta en un esquema de movilización lineal del conocimiento entre productores y usuarios del mismo. La universidad y sus académicos forman parte del inicio de la cadena de producción de conocimiento a quienes se les otorga el rol de generar el conocimiento para transferirlo a otros actores, principalmente al sector productivo.
El Estado, como ente legitimado para establecer normas y políticas que regulen la ciencia, la universidad y los académicos, siguiendo normas y directrices internacionales, está jugando un rol al servicio del mercado. Está generando acciones de política pública y programas que subordinan a las universidades y sus académicos a estas lógicas a través de mecanismos de evaluación ligados a incentivos económicos.
La creación e implementación de las políticas de estímulos que evalúan el desempeño académico, como son el SNI y el PRODEP, cuentan con indicadores cuantitativos que exigen a los investigadores una trayectoria académica y una productividad alineada a los objetivos del CONACyT y la SEP. En consecuencia, los investigadores se encuentran en un modo de producción de conocimiento en el que no sólo su propio reconocimiento y prestigio, sino que también su salario está condicionado a seguir las reglas del juego. Se carece de un entorno favorable para la creatividad y la libertad académica que permita la movilización de conocimiento en favor de los grupos más vulnerables.
La manera en que está diseñada la política pública difícilmente logrará impactos en el desarrollo social, ya que la actividad científica se subordina a esquemas orientados por los principios del modelo de economía del conocimiento, en el cual la dinámica de investigación se rige por los valores que logren los productos científicos en el mercado. Productos científicos a los que solamente tendrán acceso y, en consecuencia, podrán gozar de sus beneficios, aquellos que tienen las

condiciones económicas para pagar su precio. Los propios académicos dependen de las capacidades que desarrollen para brindarle un valor agregado a sus proyectos, por ejemplo, capacidades para generar y obtener fondos de financiamiento, lo que se traduce como un aprendizaje para saber jugar con las lógicas del mercado. Su tarea es buscar continuamente financiación para culminar sus proyectos y comenzar otros, en lugar de dedicar tiempo y hacer un esfuerzo por realizar acciones de movilización del conocimiento con el objetivo de que los resultados que producen logren un impacto en la sociedad.
La universidad y sus académicos enfrentan diversos retos para generar acciones que fortalezcan su autonomía frente a las políticas y discursos legitimadores de la economía del conocimiento. Las universidades deben trabajar a nivel de la gestión, nivel que se constituye como su ámbito de influencia, para promover la movilización del conocimiento. De acuerdo con Cooper y colaboradores (2011) existen dos factores que obstruyen los canales de la movilización del conocimiento: la falta de historia de la movilización del conocimiento en las ciencias sociales, y las actitudes divididas sobre su importancia entre los miembros de las facultades. La superación de estos dos factores supone un gran desafío para la organización, ya que si los miembros de la institución no conocen qué es y para qué sirve la movilización del conocimiento, no entenderán el sentido de trabajarla y potenciar sus alcances. Por ello, es necesario que surjan cambios normativos y estratégicos al interior de las universidades, cambios que deben promover nuevas formas de movilidad de los saberes producidos. Sin embargo, más allá de buscar un cambio en las estructuras normativas y de gestión, el mayor reto es el fortalecimiento de las culturas académicas. Si bien es importante el impulso a los proyectos científicos, el apoyo al trabajo de los grupos de investigación, la consolidación del capital humano de alto nivel; así como la dotación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de mayores capacidades científicas y tecnológicas, todo ello tendrá sentido siempre y cuando se construya a la par una cultura académica que produzca una ciencia comprometida con el cambio social (Varsavsky, 2010). En el logro de este objetivo creemos firmemente que la categoría de movilización del conocimiento se puede convertir en un aliado importante si se reconoce y se continúa desarrollando su
potencial teórico, práctico y analítico.

Referencias bibliográficas

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D OSSI ER: LA MO VILIZACIÓN DEL CO NOCIMIEN T O EN CIENCIAS SOC IALES Y
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RICARDO PÉREZ MORA BLANCA LIZBETH
LA MOVILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS POLÍTICAS CIENTÍFICAS EN MÉXICO
PP 69-81

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